¡Alto a la represión en Mexicali! Exigimos se respete el derecho al agua en Baja California. 


Ante la visita que el día lunes 24 de julio realizará a Mexicali el Presidente Enrique Peña Nieto, el Gobernador panista del Estado de Baja California, Francisco Vega de la Madrid “Kiko Vega” hace muestra de su autoritarismo.

 

Usando a la policía Estatal, Municipal y Federal en la madrugada del sábado 22 de julio se llevo a cabo un violento desalojo contra los compañeros del Movimiento Mexicali Resiste quienes se oponen a la construcción de la cervecera “Constellation Brands” ligada al Grupo Modelo.

 

La empresa “Constellation Brands” ha utilizado a funcionarios públicos estatales y federales para instalar un complejo cervecero que afectaría el derecho humano y acceso al agua en todo el Estado de Baja California, dicho proyecto ha recibido el respaldo total del Gobierno Estatal.

 

Previó a la instalación del proyecto el Gobierno Estatal intentó promover una ley privatizadora del liquido vital, la cual fue frenada por un amplio movimiento social consciente de las necesidades y afectaciones hídricas que vive la ciudad de Mexicali, en este Movimiento confluyeron distintos frentes que han vivido problemáticas hídricas profundas entre las que se encuentran el despojo, afectaciones nacionales e internacionales, contaminación entre muchos otros.

 

Como Central Campesina Cardenista hacemos constar nuestro apoyo total al Movimiento Mexicali Resiste y exigimos al Gobierno Federal y del Estado de Baja California a que cesen la represión ante el Movimiento ciudadano, hacemos un atento llamado al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) miembro de la iniciativa #VamosPorMás (la cual busca la reducción de la impunidad y la corrupción) revise y juzgue a detalle las violaciones a los derechos humanos, las afectaciones ambientales y el extraño proceso de concesión que ha permitido a la empresa “Constellation Brands” ligada al Grupo Modelo, miembro del CCE continúe la instalación de su planta en Mexicali.

 

La planta cervecera no solo enfrenta el descontento de la ciudadanía, al continuar su construcción viola amparos de distintos módulos de riego de los cuales se intenta extraer el agua a cualquier costo, frente a esta situación diversos proyectos ligados a la empresa han sido detenidos por la vía legal como ha sucedido con el acueducto Villahermosa-Mexicali, a esto se suman otras irregularidades, desde la concesión de los terrenos a la presentación de un estudio de impacto ambiental aprobado por la SEMARNAT en el cual de manera irregular se beneficia a la empresa sobre el derecho al agua y la calidad de vida no solo de los ciudadanos de Mexicali, si no de otras ciudades vecinas como Ensenada.

 

La Central Campesina Cardenista en conjunto con el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) realizamos en el año 2015 la PreAudiencia del TLA en Mexicali el cual se analizaron y revisaron físicamente las afectaciones hídricas en la zona, las cuales se han agudizado, esto por las concesiones del liquido que ha hecho el Gobierno Mexicano a través de la Comisión Internacional de Limites y Aguas a Estados Unidos, la contaminación de la planta Termoeléctrica en Mexicali y la falta de acceso al agua de la población de ciudades vecinas como Ensenada, dicha problemática estructural se profundizaría aún más con la instalación de una empresa que busca exportar 10 millones de hectolitros de bebidas alcohólicas a Estados Unidos  y Canadá.

 

Nos parece preocupante que a pesar del acoso permanente que han sufrido los movimientos sociales y ciudadanos que se oponen a la construcción de la empresa miembro del CCE, que a pesar de que los manifestantes reprimidos por la madrugada mostraran un amparo federal que provisionalmente decretaba la no detención de los integrantes del grupo civil, que a pesar de que hay procesos legales abiertos en contra de la construcción y concesiones que el Gobierno Estatal ha dado a “Constellation Brands” el Gobierno Federal apoye y respalde una inversión que afectará el modo de vida de productores y ciudadanos de Mexicali y sin lugar a dudas de todo Baja California.

 

La Central Campesina Cardenista exige:

 

-La pronta liberación de los 3 compañeros que fueron presos el día de ayer en el operativo represor.

 

-Se termine con el proceso de acoso y represión en contra de Mexicali Resiste y los movimientos ciudadanos que defienden el derecho al agua en Baja California.

 

-Que la iniciativa #VamosPorMás revise y se pronuncie ante el actuar de corruptos y corruptores que han participado en la instalación de un proyecto inviable como “Constellation Brands”

 

-Que el Gobierno Federal garantice el estado de derecho y el cumplimiento a los amparos que han interpuesto diversos sectores de la población contra la planta cervecera.

 

-Hacemos un llamado a el Tribunal Latinoamericano del Agua y otras organizaciones internacionales que revisen el proceso que se lleva en la ciudad de Mexicali y el Estado de Baja California.

 

IMPUNIDAD, PEOR QUE LA CORRUPCIÓN: SENADOR OCTAVIO PEDROZA

 

  • Se suma al llamado de las organizaciones y ciudadanos a través del pronunciamiento #VamosPorMás
  • En el caso de San Luis Potosí, se espera que se actúe y no se convierta en un acto más de impunidad.

La impunidad es peor enemigo que la corrupción, por eso no puede tolerarse y las diversas instituciones deben de actuar de acuerdo al Estado de Derecho, para no permitir que algún gobernante o legislador que haya incurrido en un acto de corrupción ande libre caminando por las calles.

Así lo afirmó el vicepresidente de la Cámara de Senadores, Octavio Pedroza Gaitán, en relación al pronunciamiento que hicieron organizaciones, empresarios y diversas asociaciones que demandan terminar con la corrupción y la impunidad a través de #VamosPorMás.

El senador por San Luis Potosí reconoció a la ciudadanía que está alzando la voz para terminar con estos dos males endémicos para el país, porque “no puede tolerarse que no se actúe en contra de quien haya cometido algún acto de corrupción, cuando está comprobado que lesionan a nuestro Estado de Derecho. Por eso cualquier gobernante o legislador debe ser sujeto a un proceso de investigación y si se comprueba que incurrió en alguna irregularidad que se actúe en consecuencia”.

“Hoy vivimos un momento crucial, especialmente en San Luis Potosí, donde la ciudadanía, ha llegado a un nivel de hartazgo, donde es inadmisible seguir consintiendo que la corrupción sea el signo de los tiempos, y esto es una gran responsabilidad de los políticos al no tener el cuidado de proponer y de ofertar a los ciudadanos para las elecciones, perfiles de hombres y mujeres decentes, lo que requiere nuestra sociedad, en el que los cargos de autoridad sean de los diferentes niveles, de gente honesta que se comprometa con el bien común, con hacer bien las cosas y me parece que también con gran expectativa donde los ciudadanos se involucran más y exigen a los partidos políticos, hoy debe haber una mayor participación ciudadana”, abundó Pedroza Gaitán.

Indicó que la política es tan importante que no se les puede dejar sólo a los políticos, sino que los ciudadanos tienen que involucrarse. “Hoy nuestro sistema democrático exige la participación a través de la ruta de los partidos políticos y abrir el canal de la ruta de las candidaturas independientes, aunque todavía me parece un poco verde, pero perfectible con muchos temas por avanzar. Y cada día hay más organizaciones y ciudadanos que se involucran y toman sin duda alguna su participación, particularmente en esta lucha contra la corrupción”.

El senador Octavio Pedroza se refirió al caso de San Luis Potosí, en el Congreso Local, donde los ciudadanos se han organizado para exigir que se actúe en contra de los diputados que hayan incurrido en un acto de corrupción por la “limpia” de las cuentas públicas municipales, cuyo caso lamentó que sólo el diputado del PVEM, Manuel Barrera Guillén se escuda en el fuero político y no solicite licencia, mientras se hace la investigación del caso, “porque el que nada debe, nada teme, y debe retirarse para ser investigado, pero no puede escudarse para quedar exento de todo tipo de investigación”.

NECESARIO REGULAR ECONOMÍA INFORMAL;  REPRESENTA COMPETENCIA DESLEAL: COPARMEX CDMX

 


“Preferimos que el comercio sea legal y a la vez formal”, destacó el dirigente Jesús Padilla Zenteno y dejó en claro la posición empresarial: “Así como asumimos el respeto de quienes realizan actividad comercial en la vía pública, estas personas están obligadas a respetar a los transeúntes, automovilistas y comercio establecido”


Ciudad de México, a 21 de julio de 2017


El presidente de la COPARMEX CDMX, Jesús Padilla Zenteno se pronunció a favor de la regulación del comercio informal al considerar que constituye una competencia desleal para quien cumple con las obligaciones de ley; además fomentaría el respeto por los transeúntes y automovilistas en las calles de la Ciudad de México.

Durante la presentación del Informe Especial “El trabajo informal en el espacio público de la Ciudad de México. Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos” realizado por la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el dirigente empresarial aseguró que existe el respeto a su derecho a trabajar, pero ellos deben respetar también el derecho a transitar.

“Nosotros preferimos que el comercio sea legal y a la vez formal”, destacó el dirigente y dejó en claro la posición de la Confederación Patronal de la República Mexicana sobre abrazar cualquier iniciativa de formalización del comercio en la vía pública. “Así como asumimos el respeto de quienes realizan actividad comercial en la vía pública, estas personas están obligadas a respetar a los transeúntes, automovilistas y comercio establecido”.

El dirigente empresarial observó el persistente contraste entre alguien que realizó todos los trámites correspondientes para abrir un negocio formal y, después de muchos meses y dinero invertido, dejen poner afuera de realiza su actividad, un puesto donde venden los mismos productos.

Asimismo, Padilla Zenteno hizo énfasis precisamente en uno de los temas donde la COPARMEX a nivel local y nacional han sido punta de lanza: el combate a la corrupción y la impunidad, al subrayar que no existe un solo comerciante en la vía pública que no aporte una cuota al dirigente, al líder o al inspector de vía pública, lo cual se circunscribe en la arista del respeto a los derechos humanos.

Si bien durante su intervención en el panel de la presentación del Informe Especial “El trabajo informal en el espacio público de la Ciudad de México. Un análisis desde la perspectiva de derechos humanos”, se pronunció en este sentido, agregó que COPARMEX asume el compromiso de buscar la mejora de los núcleos de actividad informal, bajo la premisa de la reglamentación y ordenamiento con base a las normas vigentes, con total respeto a los derechos humanos de quienes dependen de esta actividad.

Ahí, el dirigente empresarial comentó que COPARMEX CDMX reconoce la complejidad de este fenómeno; “creemos que la regulación excesiva, la exigencia de pagos elevados, cuotas, multas o extorsiones, el renovar permisos y licencias, los altos costos derivados de la generación de empleos formales y las complicaciones de los emprendedores para echar a andar micros, pequeñas y medianas empresas, afectan a estos trabajadoras y trabajadores y los motivan a trabajar por su cuenta”.

Se dijo convencido de la necesidad de la participación del Gobierno local y los sectores productivos para generar propuestas y políticas públicas que permitan reconocer legal y socialmente la actividad de comerciar o prestar sus servicios en los espacios públicos.

También advirtió la imperante necesidad de no criminalizar la actividad del trabajo informal, sino crear mecanismos para ordenarla y así lograr un equilibrio entre sus derechos como trabajadores y el derecho a la ciudad que todos queremos y acotó que sólo así se logrará que ambas partes tengan certeza de sus derechos y obligaciones.

“Si bien es cierto que no se debe criminalizar la actividad, lo es también que generan competencia desleal, anarquía, inseguridad, contaminación visual y auditiva, basura, conflictos vecinales, obstrucciones de la vía pública”, observó.

Jesús Padilla destacó el trabajo realizado por la CDHDF en este Informe y reconocer en él, legal y socialmente como población trabajadora, a quienes desempeñan dichas actividades en el espacio público.

El evento estuvo presidido además por Perla Gómez Gallardo, presidenta de la CDHDF; Amalia García Medina, secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX; Humberto Lozano Avilés, presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la CDMX y Alfonso Bouzas Ortiz, consejero honorario de la CDHDF.

APROBADA LEY MARCO REGIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE MENORES MIGRANTES PROPUESTA POR LA SENADORA GABRIELA CUEVAS  

  • Países de Centroamérica y el Caribe aprueban propuesta promovida por la Senadora Gabriela Cuevas.
  • Los Estados no sólo deben reconocer los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes, sino instrumentar políticas públicas y un sistema integral de protección.
  • Entre 2015 y 2016, 100.000 niños y niñas no acompañados fueron detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos.

 

Con el objetivo de atender la alta migración de niños, niñas y adolescentes centroamericanos y caribeños, se requiere con urgencia un marco regulatorio coherente con los diversos instrumentos internacionales, que permita dar atención de manera oportuna a la migración de menores en la región, señaló la senadora Gabriela Cuevas Barron, al presentar un proyecto deLey Marco en la materia, el cual fue aprobado este viernes por la Comisión Interparlamentaria de Asuntos Internacionales e Integración Regional del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL).

“No sólo trata de reconocer derechos, sino que verdaderamente se mandate a los gobiernos a instrumentar políticas públicas y un sistema integral de protección a los niños, niñas y adolescentes en migración. Lo que queremos es que los niños, niñas y adolescentes, independientemente de su pasaporte o de sus situación migratoria tengan plena vigencia de sus derechos y pleno respeto y que los Estados cuenten con las medidas de protección a estos derechos”, puntualizó la Legisladora.

Tan sólo entre 2015 y 2016, 100.000 niños y niñas no acompañados fueron detenidos en la frontera entre México y los Estados Unidos, de acuerdo con Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), por lo que Cuevas apremió a fijar acciones concretas entre los legisladores para la protección y asistencia a menores.

Durante la VII Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Asuntos Internacionales e Integración Regional del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL), destacó que la niñez migrante es por naturaleza más propensa a convertirse en presa de la delincuencia organizada y ser objeto de prácticas de explotación como el contrabando, la trata de personas y las nuevas formas de esclavitud. En particular, las niñas, separadas de sus familias, se vuelven víctimas de la violencia de género, especialmente de violencia doméstica y sexual.

En el caso de México, en lo que va de enero a mayo de 2017, 6 mil 690 menores de 18 años han sido presentados ante la autoridad migratoria, según reportes de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

Ante esta situación, la Senadora Cuevas argumentó que la Ley Marco regional para la Atención y la protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, tendrá como principios rectores, el interés superior del niño, el debido proceso; el principio de no detención, mediante el cual, la detención será el último recurso que las autoridades utilicen para desahogar cualquier procedimiento administrativo; así como el de unidad familiar, procurando que los menores se reúnan con sus padres o tutores.

Al respecto debe mencionarse que 48% de las niñas, niños y adolescentes que migran solos lo hacen por motivos de violencia; 29% por razones de índole económica, desigualdad social y pobreza, mientras que y resto, (23%) lo hacen con el objetivo de reunirse con su familia, según información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Durante la reunión en FOPREL, la Legisladora resaltó que “la Ley Marco es la oportunidad para contar con un modelo de referencia regional, que establezca principios, derechos y procedimientos rectores, homologados con los instrumentos internacionales para la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes migrantes, y que guíe la elaboración de políticas públicas eficaces”.

SENADORES DEL PAN HACEN UN LLAMADO PARA AVANZAR EN EL FORTALECIMIENTO DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

·         Una condición debe ser eliminar el “pase automático” de Procurador a Fiscal General

El senador Juan Carlos Romero Hicks lanzó un reto a los gobiernos federal y locales y a todas las fuerzas políticas del país para avanzar en tres temas fundamentales en materia de combate a la corrupción:

1)    Modificar el artículo 102 de la Constitución, para quitar el pase automático de Procurador a Fiscal General y modificar su mandato de nueve años, y discutir la Ley General de la Fiscalía, que dé autonomía las fiscalías especializadas: de derechos Humanos, de delitos electorales, de asuntos internos y anticorrupción.

2)    Hacer una propuesta de un sistema de procuración de justicia que integre la investigación, a los ministerios públicos y a los poderes judiciales.

3)    Aprobar leyes de nueva generación en la materia: Ley de Obra Pública, Ley de Adquisiciones, Ley de Extinción de Dominio, Ley de Financiamiento a Partidos Políticos, Ley General de Archivos y el tema del fuero.

Asimismo, el senador panista hizo un llamado a los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos representados en el Senado de la República para que demuestren voluntad política y llegar a acuerdos que fortalezcan el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

“¿Quieren periodo extraordinario? Bienvenido, nos vemos en el extraordinario con dictámenes, pero siempre y cuando cambiemos el 102 a fondo y con amplitud. Nosotros estamos a favor de un periodo extraordinario, claro, pero con dictámenes. Y hago el reto al Gobierno nacional y a todas las fuerzas políticas que trabajemos en estos temas”, aseveró.

En su turno, la senadora panista Laura Rojas Hernández indicó que el PAN ha priorizado una reforma que le dé verdaderamente fuerza, autonomía e independencia al Fiscal Anticorrupción, por encima del nombramiento

“¿Por qué?, porque si dejamos a un Fiscal Anticorrupción como está la ley ahora, eso sí debilitaría el Sistema, ésa es la razón”, consideró Rojas Hernández.

Recordó que prácticamente todos los candidatos que aspiraron a ser nombrados Fiscal Anticorrupción señalaron que era necesario reformas constitucionales y legales para fortalecer al Fiscal General.

En cuanto los magistrados anticorrupción, dijo que el Presidente de la República envió sus propuestas en la última semana previa al cierre del periodo y aseguró que el PAN está comprometido a discutirlo al inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones.

Corrientes perredistas exigen al TEPJF la remoción de Alejandra Barrales al frente del PRD

En conferencia de prensa, ofrecida en las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dirigentes del frente de expresiones del PRD, denominado Militantes de Izquierda (MiZ) informaron que el día de hoy asistieron al tribunal con el fin de entrevistarse con la Magistrada Presidenta, Janine Madeline Otálora Malassis.

En este sentido, Carlos García Sotelo, manifestó la visita se realizó con el fin de conocer el estado que guardan diversos Juicios de Protección de Derechos Constitucionales (JDC) y promover que se atiendan “para que sean a la brevedad, dado que están aconteciendo hechos en el PRD que configuran un quebrantamiento de la legalidad al interior del PRD”.

Sotelo García aseguró que “hay una especie asalto, de secuestro, de apropiación indebida promovida por una mayoría en los órganos de dirección nacionales y la legalidad no es un asunto de correlación de fuerzas, sino de cumplimento de normas”.

Sotelo informó que buscaron que la Sala Superior “nos diga, nos indique si un dirigente partidario puede, al mismo tiempo ejercer un cargo de representación popular, situación en la que recae la actual presidenta nacional”.

Por ello, “pedimos nos interprete el artículo 111 del estatuto del PRD, que prohíbe que un dirigente partidario pueda, al mismo tiempo, tener un cargo de representación popular. La respuesta, a nuestro punto de vista es que es ilegal, por lo que debe de haber una consecuencia de que Alejandra Barrales deje la presidencia nacional del partido”.

“Su presencia es ilegal y se sostiene por la mayoría y no por el estatuto y el TEPJF tiene que intervenir para que regrese la legalidad al PRD”.

El ex senador se refirió al caso de suspensión de derechos partidarios promovido contra Rey Morales Sánchez, tiene que ser resuelto a la brevedad por la Sala Superior del TEPJF, pues “están por suceder eventos importantes al interior del PRD, como el Comité Nacional y el propio Consejo Nacional en la que Rey Morales tiene que ser habilitado para poder asistir y ejercer su derecho de voz y voto.”

Así, aseveró que “esta suspensión es indebida y antijurídica, es de carácter político” toda vez que, al haber suscrito Rey Morales, el acuerdo político que promueve Andrés Manuel López Obrador para la Unidad de fuerzas democráticas y de izquierda, no significa una violación de ninguna norma jurídica del partido, por lo que piden la rehabilitación de sus derechos políticos.

En este sentido, el perredista ejemplificó la inocencia de Morales Sánchez al recordar que la presidenta del PRD, María Alejandra Barrales Magdaleno en mayo anunció que el PRD iría en una alianza con el PAN, lo cual, a decir de Carlos Sotelo, se equipara con la firma de Rey Morales, pues ambos son manifestaciones de externan una idea política, él con AMLO y ella con el PAN, por lo que ninguno de los dos significa hechos consumados ni violación de normas.

Por su parte, Narro Céspedes ratificó que existen procesos para se ha planteado la suspensión de Alejandra Barrales como presidenta del PRD porque no puede tener la doble función de dirigente partidaria y senadora de acuerdo con los estatutos.

José Narro Céspedes, aseguró que los partidos son los partidos políticos son instituciones de carácter público que tienen que cumplir con principios democráticos y que el PRD ha cometido ha cometido un acto pinochetista (sic), pues “estando en el poder lo que están haciendo es prolongando el mandato, estableciendo un golpe de estado”.

Dijo que la dirigencia nacional perredista, busca socavar “nuestros derechos de elegir una nueva dirección y están promoviendo que el Consejo Nacional haga un nombramiento de una dirección provisional y el derecho de votar y ser votado lo tienen secuestrado”.

Por ello, informó que el Tribunal Electoral ha dejado que “los tiempos se vayan agotando y que nuestros derechos sean vulnerables y se cometan actos que son de difícil reparación, y todo viciado con complicidades por los órganos que deben custodiar la legalidad, la objetividad y la certeza de la vida interna y externa de los partidos políticos”.

PRI rebasó 8% gastos en Coahuila, INE pasa el caso hasta agosto

El Consejero General del INE aprobó conceder un plazo de 24 horas a los partidos para que comprueben que no pagaron a representantes de casilla en la elección a gobernador y por tanto no rebasaron topes de campaña en las elecciones del pasado 4 de junio. 

“Se ordenó a la Comisión de Fiscalización iniciar un procedimiento oficioso con el objetivo de verificar la validez de los Comprobantes de Representación General o de Casilla (CRGC), y determinar los gastos que no fueron reportados a la autoridad electoral, respecto de los representantes de los partidos políticos y coaliciones durante la jornada electoral”, señaló el INE en un comunicado.

Parcialmente podrían generarse algunos montos, pero no de manera definitiva. Los partidos tendrán un plazo posterior de 48 horas para hacer aclaraciones, peroel INE sale de vacaciones el viernes próximo.

Este procedimiento deberá concluir a más tardar en el mes de agosto, y una ve que se tenga detectado el gasto ejercido por los partidos, impactarán en los gastos de las campañas electorales previo a la calificación de la elección.

De manera preliminar se sabe que el INE aprobó que la alianza del PRI en Coahuila rebasó en 8% el tope de gastos de campaña, mientras que el PAN lo habría hecho por 5%, sin embargo, el monto final se sabrá hasta que se vuelva a revisar el caso en agosto.