·  Exhortan a autoridades locales a poner en práctica Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres

·  Inequidad en tiempos oficiales, designación en distritos perdedores y agresiones, entre otros, casos de violencia política contra mujeres

img_20160202_122221 Con el objetivo de atender casos de violencia política contra las mujeres, senadoras del PAN demandaron a autoridades locales y federales implementar protocolos para evitar actos de impunidad, discriminación y desigualdad, que buscan menoscabar o anular el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales.

 En un punto de acuerdo, solicitaron a organismos públicos locales, procuradurías y fiscalías generales de justicia y tribunales electorales de las entidades federativas a que, en el ámbito de su competencia y conforme a los estándares internacionales, establezcan mecanismos claros, certeros y didácticos que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata, oportuna y adecuada, en casos de violencia política ejercida contra las mujeres.

 A nombre de las legisladoras del PAN, la senadora Pilar Ortega Martínez propuso que en la elaboración de sus respectivos protocolos, las autoridades tomen como base el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, implementado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Nacional de las Mujeres.

 Asimismo, Ortega Martínez resaltó que la Fepade tiene registrados un total de 141 casos de violencia política de género, de los cuales, en 2015 se atendieron 38, derivados del proceso electoral de 2014-2015 y, en lo que va de 2016, se tiene conocimiento de 103.

 Ortega Martínez subrayó que entre los casos de violencia política que actualmente enfrentan las funcionarias públicas, legisladoras o candidatas, están la inequidad en la distribución de los tiempos de radio y televisión, el registro de mujeres exclusivamente en distritos perdedores, la inequidad en la distribución de los recursos para las campañas, así agresiones verbales, gráficas o escritas basadas en extereotipos y visiones discriminatorias contra las mujeres, además de acoso, ataques físicos, violencia sexual e incluso homicidio.

 Recordó que, a partir de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, México ha avanzado a fin de concretar esa igualdad; ejemplo de ello, dijo, fue la reforma política de 2014, en la que se estableció la obligación a los partidos políticos aplicar el principio de paridad en materia legislativa.

 Sin embargo, la legisladora por Guanajuato destacó que la mayor presencia de mujeres en cargos de designación o de elección popular ha traido también un incremento de la violencia política contra ellas, “quienes en ocasiones tienen que enfrentarse a circunstancias de género, que tienen por objeto menoscabar o anular el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales o el pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder público”.

 “Ante tales circunstancias es necesario promover acciones e instrumentos operativos en defensa de la violencia política hacia las mujeres, preservando sus derechos políticos, ciudadanos y civiles”, afirma la senadora Pilar Ortega.

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